jueves, 31 de julio de 2014

Reelección y caciquismo

 Jesús Rojas Rivera. Politólogo/jesusrojasriver@gmail.com

 Viernes 30 de Mayo de 2014


Jesús Reyes Heroles llegó antes del 6 de diciembre de 1972 a la pequeña y hermosa ciudad de Aguascalientes, día en que pronunciaría un discurso excepcional en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Los discursos de Reyes Heroles tenían un estilo propio, no solían ser ligeros e intrascendentes. Eran, cuando menos, reflexiones académicas dignas de una cátedra universitaria. Político formado en las viejas glorias del “partidazo”, escaló a la cima del poder político con el empuje de su amplia cultura e intelectualidad. Dicen que era un profesor en toda la extensión de la palabra, y que el tono de sus charlas amenas, eran las de aquél maestro universitario que nunca olvidó las clases de Teoría del Estado en las aulas de la Escuela Nacional de Jurisprudencia.  

En aquellos, los últimos días de 1972, el catedrático hacia una reflexión sobre la reelección legislativa, hoy pongo en la mesa su tesis por la vigencia que guardan  en la discusión pública de nuestro estado ¿Es saludable para la democracia local la reelección legislativa en Sinaloa?

La Revolución nació en lo político como un par de consignas discursivas “sufragio efectivo y no reelección”. Para Reyes Heroles, sufragio efectivo es el respeto a la decisión de las mayorías y la no reelección no solo incluye a los titulares del ejecutivo como el Presidente y los gobernadores, sino también aquellos caudillismos, personalismos y fraccionalismos que encuentran cobijo en las asambleas legislativas.

Afirmaba que la reelección legislativa era un aliciente para los cacicazgos locales, ejercidos por familias y grupos de interés sobre temas particularmente económicos-políticos en los municipios. El cacicazgo político protege los asuntos económicos de su camarilla, y nace del dominio político o del dominio económico. Permitir la reelección de estas figuras ajenas al ideal democrático representa un retroceso primitivista, y ejemplifica lo rudimentario de un sistema político deseoso de votos libres, fuera de cooptaciones y de influencias corruptas.

¿Existen caciques en Sinaloa? ¿El argumento de Reyes Heroles tiene vigencia en nuestros tiempos? Enumero a manera de debate, tres autores a favor de la reelección legislativa.

Lujambio afirmaba que la reelección legislativa ayudaría a mantener mejores niveles en las discusiones y debates en las Cámaras en tanto la experiencia acumulada del legislador permitiría avanzar en temas que al cambio de periodo se concluyen súbitamente.

Para Dresser la reelección en la Cámara de Diputados es un instrumento ciudadano de aval o castigo al desempeño de los legisladores. Es un incentivo para que el legislador haga bien su trabajo y gane la confianza del ciudadano para continuar en su cargo. Sin embargo reconoce que la mayoría de los mexicanos no está de acuerdo con la reelección de ningún tipo de cargo público.

María Amparo Casar afirma que es cuestionable el sistema de reelección legislativo propuesto a la mexicana. Que se trata de una vulgar maniobra en tanto que aquellos que busquen la reelección para el periodo inmediato tendrán que ser postulados por el mismo partido y si hubiesen llegado a través de una candidatura independiente o ciudadana, deberán mantener ese status. Asegura que con esta adición, las burocracias partidarias siguen manteniendo un poderoso instrumento para controlar la actuación y preservar la disciplina de sus afiliados. El principal vínculo del representante se mantendrá en línea directa a la estructura que puede decidir el futuro de su carrera política.

Más de 40 años han pasado de la proclama discursiva antirreleccionista de don Jesús Reyes Heroles. Cierto es que México ha caminado mucho en la construcción de la democracia desde entonces, pero en la política local se asoman en las elecciones los brazos del caciquismo que describió de manera magnifica en la exposición de Aguascalientes. El control y dominio que puedan ejercer estas fuerzas al interior de los partidos políticos será el camino para la prevalencia de sus intereses, lejos de los intereses de los ciudadanos. Concluyo haciéndole una pregunta amable lector. A su juicio ¿Qué diputado en funciones merecería ser reelecto? Luego le seguimos. 

El “city manager” y los pepenadores

 Jesús Rojas Rivera. Politólogo /  jesusrojasriver@gmail.com

 Viernes 23 de mayo de 2014

El 31 de enero de este año, Sergio Torres Félix, alcalde de Culiacán, anunciaba con bombo y platillo un modelo de atención al ciudadano descrito como moderno, incluyente y de total cercanía. En un discurso extraño, mezclaba en inconjugables sincretismos palabras como pueblo, participación, problemas y soluciones. Eran los primeros días de un gobierno que soñaba alto, que aspiraba las glorias prometidas de un modelo de administración pública llamado “nuevo institucionalismo” (Hall y Taylor, 1996).

El planteamiento, de inicio, convenció a los regidores de oposición. Ruedas de prensa, entrevistas conjuntas en la presentación de una política pública llamada “Cabildo Abierto”. Eufemística forma de nombrar un sistema de audiencias mensuales en donde la ciudadanía podría externar de viva voz los problemas de la municipalidad, para después, esperar las soluciones.

Por acuerdo de Cabildo, fueron aprobadas por unanimidad las reformas al reglamento interior para el funcionamiento del H. Ayuntamiento de Culiacán, donde se planteaban, entre otras cosas, las atribuciones de una figura novedosa en la administración pública sinaloense, llamada para efectos “administrador de la ciudad”. Sergio Torres, a tono de la modernidad que amerita el caso, lo llamó el city manager.

El 25 de marzo sesionó por primera vez el “Cabildo Abierto”, maratónica jornada de entrevistas, pocas propuestas y muchos reclamos, la política pública comenzó a quebrarse muy temprano. La realidad se alejaba de lo dictado en los manuales de la International City/County Association (ICMA) organización que busca la implementación de modelos administrativos que den solución a las necesidades y demandas de la población en un criterio de eficiencia y eficacia, similares a las que dan vida al modelo americano. Estos preceptos son la piedra angular en todo proceso de modernización administrativa, guía de cabecera de la tecnocracia municipalista, machote común utilizado por las vacas sagradas de posmodernismo gubernamental (Vergara Rodolfo, 1999).

De esas conceptualizaciones teóricas de vanguardia, nace el burdo remedo “a la culichi”, en el marco de una protesta por el control de la basura, la efímera discusión del maltrato animal en los circos, un disparado índice de robos de autos y la acusación de abusospoliciales sobre periodistas en ejercicio de su labor informativa.

Terminaba enero cuando la Cooperativa de  Pepenadores Progreso comenzó sus inconformidades afuera del ayuntamiento, exigían derechos sobre la basura depositada en el relleno de la salida norte, proferían acusaciones contra funcionarios acusándolos de“tener intereses y complicidades con empresas recolectoras”. Después y ante la incapacidad del gobierno para dar solución al conflicto se vinieron marchas, mítines y huelga de hambre. Del city manager, nada se supo. Los pepenadores se adueñaron del espacio público en múltiples ocasiones, marcharon cuanto quisieron y taparon la circulación de la Av. Álvaro Obregón a su antojo, no puedo decir si sus exigencias son justas, pero puedo asegurar que los ciudadanos, afectados por sus bloqueos, no tenemos la culpa y también pagamos el costo de sus demandas.

Lo que se entrevé en el fondo de este conflicto por la basura, son los intereses en un negocio lucrativo, donde participan agrupaciones gremiales de esas que manejan líderes apadrinados por políticos de corte muy distinto a los que se plantean en gobiernos de city management. El uso de la fuerza pública contra los huelguistas en ayuno, deja claro que el city manager se cansó, perdió los estribos y cerró las puertas del dialogo. Usó la mano izquierda tarde, acusó y puso nombres a políticos detrás del movimiento de pepenadores. Confirmó las sospechas, el modelo incluyente, moderno y de total cercanía que propuso al arrancar su administración era una ficción más de la tecnocracia de oropel que profesan sus asesores. 


No podemos culpar al modelo. En otras ciudades de México y el mundo la transición a esas nuevas formas de organización gubernamental ha dado frutos. La aplicación efectiva del nuevo institucionalismo ha dejado grandes beneficios para ciudades como Medellín, Querétaro, Buenos Aires, Puerto Montt en Chile, Simón Bolívar en Ecuador entre otras. La diferencia está en los intereses que atan al gobernante a las viejas prácticas, y es que nadie puede cambiar el futuro anclado a las condiciones del pasado. Y en el conflicto de Sergio con los pepenadores, los lazos al pasado se enredan con las organizaciones gremiales adherentes al partido que lo postuló y los políticos que lo antecedieron en el cargo que hoy enviste con el rimbombante anglicismo, inmerecido ante los enjutos resultados de su fallida gestión. Luego le seguimos.

Reforma política, la segunda parte

Jesús Rojas Rivera
Viernes 16 de Mayo de 2014



Como enmendado la anterior, mejorando sustancialmente el calado de las propuestas, se presentó ante el Congreso del Estado, el segundo paquete de reformas derivadas de los foros “Compromisos por Sinaloa”. En dicha entrega, sobresalieron temas importantes, fundamentales para la transformación de Sinaloa.

Dentro de las propuestas entregadas por el secretario de gobierno al órgano legislativo, destacan la creación del Consejo Estatal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Mucho tiempo se tiene pidiendo en Sinaloa, un organismo capaz de coordinar y evaluar las políticas sobre desarrollo social, que establezca sistemas de identificación y medición de la pobreza, de manera clara y objetiva, donde se garantice la transparencia en el desarrollo de las políticas de atención a la pobreza. Cuantificar y definir las necesidades para poder atender con eficiencia y eficacia las carencias de los más necesitados en Sinaloa.

Es importante mencionar, que la creación de dicho consejo técnico no asegura el cumplimiento de las funciones del mismo. Debemos velar por una integración transparente para su ejercicio en total autonomía, pues en la independencia de sus mediciones y decisiones, podría estar, la solución a los problemas de la pobreza en sus múltiples dimensiones.

En ese mismo sentido, el de la autonomía, se ve un avance importante en materia de transparencia al proponer la modificación al órgano garante en Sinaloa. Esta propuesta da una esperanza a los ciudadanos sobre un cambio de fondo en la atención y seguimiento de las solicitudes de información pública. La autonomía e independencia de la CEAIPES, es una consigna ciudadana que han enarbolado diversas asociaciones civiles, esperemos que esta muestra de apertura sea más que un mensaje de buena voluntad y se concrete en una de las primeras peticiones esencialmente ciudadanas llegadas a manos de los diputados mediante los foros.

Quiero resaltar, que a mi juicio, la más importante de las propuestas, fue la que habla sobre la procuración de justicia en Sinaloa.

Una de las críticas constantes que ha recibido el Ejecutivo estatal, han versado sobre la “politización” de la procuración de justicia. Sobre los hilos que se enredan entre los funcionarios públicos encargados de las investigaciones y las consignaciones de los presuntos responsables con intereses políticos vigentes. El caso no puede ser más oportuno, el cobarde asesinato de Sandra Luz Hernández, el lunes pasado a plena luz del día en una céntrica calle de la capital sinaloense, ha sacado a flote en prácticamente todos los medios de comunicación nacionales un debate sobre la delimitación de las responsabilidad de los poderes constituidos del Estado.

Sin duda, la responsabilidad del Ejecutivo y sus mandos policiales está en la salvaguarda de la vida de las personas, su integridad física y patrimonio. Pero no debe confundirse esa facultad conferida en la Constitución, con aquella que permite la persecución de los delitos y la representación social de la causa jurídica del ofendido, misma que se deposita en los órganos de procuración de justicia.

También se debe tener cuidado al ejercer el legitimo derecho de petición y exigencia de justicia a las autoridades, pues en un Estado democrático, la impartición de la misma se lleva en los tribunales, con los jueces y magistrados que forman parte del Poder Judicial a quienes debemos exigirles total independencia del poder Ejecutivo.

La iniciativa para la creación de una fiscalía autónoma e independiente llega en un momento de duelo social, Sinaloa le llora a sus muertos y sus muertas, a sus desaparecidos. La impunidad campea desde Choix a Escuinapa, los jueces no pueden juzgar sin detenidos y no pueden sentenciar sin la debida integración de la demanda. Y parece que ahí está el punto crisis, en la ambigüedad jurídica de la representación social en la procuración de justicia. La iniciativa dibuja una exigua esperanza, y las esperanzas aun las más pequeñas, son, según Aristóteles el sueño del hombre despierto. Luego le seguimos. 

Redistritación distraída

Jesús Rojas Rivera/ Politólogo.

Viernes 9 de Mayo de 2014

Dentro de los denominados “Compromisos por Sinaloa”, donde todas las fuerzas políticas del estado se reunieron para crear una agenda común sobre la llamada “reforma política”, surge un tema que comienza a cimbrar la mesa donde los dirigentes de los partidos políticos plancharon los acuerdos.

La redistritación electoral es uno de los temas en los que necesariamente habrá una confrontación de posturas. En política es muy difícil mantener salvados los legítimos intereses de fuerzas políticas antagónicas, que, en un escenario de competencia electoral buscan la mayoría de los escaños en el Congreso.

Debemos entender la redistritación como un proceso de ajuste jurídico-técnico en la cartografía electoral para promover el equilibrio en la representación política y la igualdad del voto, valores fundamentales en el ejercicio de las democracias. En el caso Sinaloa, la redistritación busca eliminar la inequidad en la representación del Congreso, por el sistema actual de elección del Legislativo donde el criterio electoral se demarca de manera geográfico-territorial y no poblacional como en la mayoría de los sistemas electorales de México y el mundo.

Para el jurista mexicano Felipe Tena Ramírez, “todo cambio en las estructuras de las instituciones del poder público, tiene principio en la obediencia irrestricta de la jerarquía de la norma constitucional” es decir, ningún cambio que se pretenda legal, puede obviar el procedimiento legislativo al cual están sujetos todas las reformas propuestas para la mejora del Estado.

Sinaloa tiene una geografía electoral atípica, pero no única en cuanto a la conformación de sus distritos electorales. Los legisladores estatales colgaron un candado en el artículo 24 de la Constitución Sinaloense al decir que “La demarcación territorial de los distritos electorales uninominales se fijará teniendo en cuenta la población total del Estado. En todo caso, cada Municipio tendrá cuando menos un distrito electoral uninominal”.

Para dar paso a los cambios profundos, los únicos facultados legítima y legalmente en el proceso de una redistritación de fondo en Sinaloa son los Diputados que conforman la asamblea legislativa denominada Congreso del Estado. Ningún órgano o instituto especializados en temas electorales tiene alcances legislativos, y puede por ello, iniciar un procedimiento de gran calado en el reordenamiento territorial que distribuye el poder político en unidades territoriales electorales que para efectos se denominan distritos.

El jurisconsulto Gabino Fraga añade “lo más que puede admitirse, es que las leyes orgánicas y reglamentarias como especies dentro del género de Leyes Ordinarias aplican esas denominaciones a las normas que regulan el funcionamiento de los órganos del Poder Público o que concretan y desarrollan bases establecidas en la Constitución”. Es decir, en la jerarquía de la norma, toda modificación que se pretenda a las Leyes Ordinarias, deben estar sujetas al mandato de la Constitución.

Además de los criterios jurídicos ya señalados, los procesos de reingeniería electoral cartográfica se ajustan a principios de la planeación territorial; criterios de eficiencia, eficacia y equidad en la distribución de la población al trazar las fronteras de los distritos electorales, entendido estos como la unidad geográfica que define la representación legislativa.

La redistritación en Sinaloa es un tema que no le conviene al PRI, que en teoría le quitaría representación en el Congreso. La tarea está en manos del los legisladores, mientras tanto, en la mesa política está presente un tema de discusión y debate que aleja un poco la sospechosa unanimidad en la que se desarrolla la denominada “reforma política”.

Ante estos escenarios se dibuja otra cara para los “Compromisos por Sinaloa”, vamos a ver si los partidos políticos sacan adelante sus consignas históricas o se doblegan ante el poder de una mayoría legislativa priista que parece, en ocasiones, ser también gobierno. Luego le seguimos.

La pesadilla española.

Jesús Rojas Rivera. Politólogo. 

 Viernes 2 de Mayo de 2014


No hace muchos años Robert Mundell, (Premio Nobel de Economía 1999) lo había predicho; España era una nación vulnerable en la creación de una “zona monetaria única”. Los niveles de crecimiento y desarrollo de los países no se pueden ajustar en un simple acuerdo o tratado de paridad monetaria.  

Según Mundell, cuando se plantea un modelo de moneda única en economías tan distintas y variadas como en la Unión Europea, son dos las condiciones principales que se deben de cumplir; A) similitud en las magnitudes económicas y B) libertad de movimiento de los factores productivos, sobre todo en los más importantes, trabajo y capital.

En 1992 se dieron los tratados de Maastricht, en ellos, los países firmantes acordaban entre otras cosas, mecanismos para generar convergencias económicas principalmente en: similares niveles inflacionarios, tipos de interés equivalentes, deuda pública menor al 60% del PIB, y un déficit público menor al 3% del PIB. Entonces todas las naciones participantes se preocuparon por cumplir a cabalidad las restricciones acordadas, la condición primaria planteada en el modelo no sería obstáculo para el sueño de la moneda única. En España la burbuja comenzaba a crecer.

Pasaron los años y nadie se preocupó por los trabajadores ibéricos, según el modelo inclusioncita; la interacción de las fuerzas económicas darían solución a las demandas de más espacios laborales, la política vigente mandataba subir impuestos y bajar el gasto público, eso ayudaría a la economía de la Comunidad Europea, pero la economía española estaría en total peligro, en el filo de la navaja.

En los primero años, el euro trajo sensaciones de primer mundo a los españoles, sentían que su gasto diario alcanzaba para más, los créditos se flexibilizaron y el mal del nuevo rico tocó a la puerta. Además, las empresas comenzaron a desarrollar ambiciosos planes de vivienda. Ante la supuesta bonanza económica, todos deberían tener “piso propio”. Los créditos hipotecarios se dispararon y a contra sentido de la regla del mercado, también el precio de la vivienda se fue a las nubes.

Dos reformas importantes vienen a la memoria para explicar la crisis en España, la llamada “Ley de suelo” en 1998 y la “Reforma laboral” del 2002, en la primera se buscaba generar condiciones atractivas para que los empresarios constructores desarrollaran viviendas y ante el crecimiento de la oferta bajarían los costos, pero el mercado no tiene palabra de honor. La segunda redujo los derechos de los trabajadores dando flexibilidad en las contrataciones y la adquisición de créditos.  

Los cambios no generaron más empleo, tampoco atrajeron mayor capital a la economía española, por el contrario, la especulación inmobiliaria hizo que los empresarios se endeudaran con bancos de la comunidad europea, principalmente alemanes  y los ciudadanos españoles hicieron lo propio con bancos y cajas de ahorro locales. Todos en deuda y sin señales de ingreso por ningún lado. El sueño se convirtió en pesadilla.

En nuestra comunidad global, las desgracias económicas se comparten. La crisis recesiva en Estados Unidos, contagió a la economía española, el mercado en un semestre mandó a su casa a millones de españoles que desde el “paro” (desempleo) no pudieron pagar sus múltiples créditos comenzando así la crisis más grande en la historia de la España democrática.


Y ahora, todos en España voltean a ver las teorías de Mundell. Nadie escuchó al científico, estaban muy ocupados construyendo chalets y viviendo el sueño de la “eurotización”. Asimetrías económicas, la historia de aquel pobre que vivió como rico, pero nunca, en realidad, dejó de ser pobre. Shock del “primermundismo” lejano. Luego le seguimos.

martes, 29 de julio de 2014

El nuevo auditor

El nuevo Auditor

Jesús Rojas Rivera/ Politólogo.
jesusrojasriver@gmail.com /Twitter: rojasriverjesus /Facebook: Jesús Rojas

Viernes 25 de abril de 2014

Tarea principal de aquella “asamblea deliberante” de la cual nos hablara Aristóteles en su Política, era la de discernir, debatir y decidir sobre los asuntos de interés común. Veintiún siglos después, Montesquieu coincidía con el griego sobre la importancia de ese órgano deliberativo, pero añadía además, la función para establecer un sistema de frenos y contrapesos que permitieran un sano equilibrio en el ejercicio público.
El contrapeso ideal lo describe Maurice Duverger, en la distribución de los recursos públicos y la facultad fiscalizadora que tienen los congresos sobre el gasto de los ejecutivos, en el marco de un sistema representativo de partidos políticos en competencia.

Esa facultad de fiscalización busca analizar los gastos públicos, verificar los resultados financieros, la utilización de créditos, el endeudamiento, el cumplimiento de las metas fijadas en programas y proyectos en los cuales se deben regir las administraciones gubernamentales. En suma, todo ejercicio que tengan los poderes y las dependencias en donde se involucre el gasto de dinero público. Para ello, la Ley crea un órgano técnico especializado que trabaja estrictamente bajo la coordinación de los diputados, gozando de independencia y autonomía, a ese órgano se le denomina Auditoría Superior, cuyo titular y máximo responsable se le nombre Auditor Superior.

Hace pocos días falleció en un lamentable accidente Marco Antonio Fox Cruz, titular en funciones de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa. Fue electo en el cargo el 3 de junio de 2008, para un periodo de 7 años, es decir su encomienda concluiría en 2015. La triste bacante, comprende uno de los cargos más importantes para el ejercicio de los contrapesos democráticos en el estado de Sinaloa.

La elección de nuevo Auditor es un tema trascendental, de principal importancia para los destinos de nuestra entidad. El procedimiento lo describe la Ley de la Auditoría Superior para el Estado de Sinaloa en su artículo veinte, donde se faculta a la Comisión de Fiscalización del Congreso para la formulación de una convocatoria pública para que; “organismos integrantes de los sectores empresarial, comercial, de servicios, agrupaciones de profesionistas, instituciones de educación superior, y ciudadanos presenten propuestas o autopropuestas para ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado”.

Algunos de los requisitos que deben tener los candidatos al cargo son; poseer título y cedula profesional de licenciado en contaduría, contador público, abogado, economía, administración o cualquier otro título profesional relacionado con las actividades administrativas o finanzas públicas, con una antigüedad mínima de diez años; no haber sido Secretario de Despacho, Procurador General de Justicia del Estado, Magistrado del Poder Judicial o haber desempeñado cargo de elección popular, ni en órgano de dirección en algún partido o agrupación política, ni integrante de organismos autónomos reconocidos por la Constitución, durante los tres años previos al de su nombramiento.

De las propuestas recibidas la Comisión revisará las mismas junto con los demás requisitos que la convocatoria señale y entrevistará a los candidatos al cargo por separado para su evaluación. Es facultad y responsabilidad de Comisión formular un dictamen a fin de proponer una terna de candidatos. Posterior, la Junta de Coordinación Política agendará el dictamen en el orden del día para que sea el Pleno del Congreso en donde se discuta, apruebe y vote la designación del nuevo titular de la Auditoría, el candidato debe ser electo con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión.

La responsabilidad del bien llevar de este procedimiento histórico, recae principalmente en los integrantes de la Comisión, los diputados Gómer Monárrez (PRI) y Martín Pérez (PAN), así como de los legisladores; María Lorena Pérez (PRI), Sylvia Miriam Chávez (PANAL), Fredy Montoya (PRI), Imelda Castro (PRD) y Marco Antonio Irizar (PRI). Esperamos por el bien de Sinaloa, que todos ellos, estén a la altura de las circunstancias y prevalezca el legítimo interés público sobre cualquier otro tipo de interés velado o evidente. Luego le seguimos. 

El bandódromo y los nuevos turistas

El bandódromo y los nuevos turistas

Jesús Rojas Rivera/ Politólogo.
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Viernes 18 de abril de 2014

A petición de las autoridades de Río de Janeiro, el arquitecto Oscar Niemeyer inició en 1982 los primeros trazos para la construcción de una obra única en su tipo, el sambódromo de la ciudad. Por órdenes del gobernador Leonel de Moura Briziola, político de carrera, influyente y formado en las filas de la izquierda, quien había ideado un espacio público para la práctica de eventos masivos, principalmente para la realización de uno de los espectáculos más conocidos del mundo, el universal carnaval de Río.

Las autoridades cariocas, pensaron en la construcción del Marqués de Sapucai, ante los diversos conflictos que causaba a los vecinos el paso del carnaval por las principales calles de los barrios. En aquellos años, se buscó una solución para mediar los excesos de las festividades, sin descuidar el atractivo turístico de la música y los bailes propios de su tipo, así nació el recinto para la celebración del carnaval en el año de 1984.

 La idea original fue plasmada fielmente en la construcción del recinto. La petición del gobernador era crear un espacio nuevo donde se mantuviera vivo el tradicional espíritu popular del carnaval y que, al mismo tiempo, diese espacio libre para el disfrute de la escandalosa música, el consumo de bebidas embriagantes y el baile de los sensuales ritmos, típicos de esas festividades.

Se buscaba no perder la esencia de la fiesta y respetar los derechos de los habitantes de Río de Janeiro. El planteamiento, diseño, ejecución y seguimiento del sambódromo, fue un caso exitoso de política pública, muy mencionado en la opinión internacional hace más de 30 años.

Guardando sus proporciones, Mazatlán se enfrenta a un problema similar respecto al “perfil” que debe guardar como destino turístico. Las cifras de visitas al puerto reportan un significativo repunte, el destino turístico comienza a cambiar sus números en cuanto a la preferencia de los turistas.

Según la Secretaría de Turismo, en los primeros meses del año Mazatlán recibió 187,000 visitas de las cuales 117,000 son de turismo nacional y 70,000 de turistas internacionales. El turismo nacional tiene sus gustos y aficiones, disfrutan del destino de maneras muy diferentes a los extranjeros. Poco a poco, aquél que fuera un puerto para el descanso de extranjeros retirados y viajeros de la tercera edad, se convierte en un atractivo destino para turistas mexicanos que buscan diversión en la música y bailes al estilo sinaloense.

Este cambio en el perfil del turista, tiene que ver con la apertura de la Supervía Mazatlán-Durango, que acerca a los estados del norte con las costas del pacifico, los datos estadísticos de Datatur revelan que el turismo nacional del norte del país dejará una importante derrama económica en el puerto. Mazatlán está viviendo un repunte histórico en sus ingresos que se refleja en la economía del estado.

Este reacomodo de las cifras, obliga a los gobernantes al diseño de política públicas que incentiven la llegada de más turistas, pero que, al mismo tiempo no desinhiban al turismo tradicional insertos en un nicho de mercado ya ganando, por ejemplo, el de aquellos fieles visitantes americanos y canadienses que año con año se dan cita en el puerto para el disfrute de sus tiempos libres.

La creación del bandódromo, me recuerda el espíritu en el diseño del sambódromo en Brasil. Se busca dar al turista nacional ese espacio de entretenimiento y folklor que da nuestra música tradicional. Esos ritmos alegres que invitan a la festividad y el festejo interminable, que se acompañan de bebidas embriagantes y gritos de algarabía popular.

El bandódromo guía a quienes gustan de esos ritmos musicales lejos de la zona hotelera, tal como en Río de Janeiro, la política pública busca mediar los diversos intereses de los turistas sobre el puerto, en el equilibrio de la fiesta y el descanso.


Ya se verá en el transcurso de los próximos meses, si la decisión de la autoridad municipal tiene arraigo en el complicado gusto del turista nacional y al mismo tiempo, las consecuencias que ello tendrá en la percepción del turista extranjero, de aquellos fieles visitantes que han acompañado a Mazatlán en las buenas y malas. Luego le seguimos. 

De reformas políticas y otras ficciones

De reformas políticas y otras ficciones

Jesús Rojas Rivera/ Politólogo.
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Viernes 11 de abril de 2014

Intentar hacer un análisis sobre las reformas políticas obliga a la revisión escrupulosa de las instituciones y las constituciones, es decir, al entramado que da forma al Estado. Me refiero a lo que el politólogo italiano Giovanni Sartori, llama la ingeniería constitucional, pilar del poder público.

Todo aquel que busque hacer un estudio más o menos serio de las reformas políticas, deberá identificar al menos tres elementos fundamentales: el origen de las reformas (quien las promueve), los fines que persiguen las  mismas y los medios seguidos para aprobarlas. De la precisión y profundidad de las respuestas, dependerá que tan a fondo se logre llegar en el análisis.

Las reformas políticas deben entenderse más allá de las modificaciones legales y constitucionales. Son procesos complejos, muchas veces acompañados de verdaderos cambios de paradigma. La mayoría de las reformas políticas de fondo y efectivas que se registran a través del tiempo, provienen de cismas históricos, fracturas de la continuidad del sistema de instituciones, que por falta de legitimidad, de ineficiencia o por disfuncionalidad con el sistema político prevalente, dan paso a cambios trascendentales.

Los ejes principales de las reformas políticas tienen que ver con  el régimen de gobierno, el régimen electoral y el sistema de partidos. Si las iniciativas o los cambios pretendidos no contemplan y logran modificaciones sustanciales en los mencionados puntos rectores, se puede hablar de todo, menos de reforma política.

Según Manuel Alcántara Sáez profesor de Ciencia Política, en la Universidad de Salamanca, la “ola democrática” por la que caminan muchos gobiernos en América Latina ha planteado a los gobernantes “reinventar” las instituciones, “transparentarlas” y “ciudadanizarlas”. Suponiendo una mejora sustancial en los resultados de los gobiernos.

En realidad y de fondo, lo que busca este movimiento “democratizador” es la legitimación del gobierno ante los ciudadanos. La ineficiencia gubernamental propia de las incipientes democracias, obliga a compartir pequeños espacios para la reflexión de los problemas públicos, lavar culpas de incapacidad y replantear esquemas para la mejora sustancial de la gestión de la cosa pública.

Resulta interesante observar las reformas políticas planteadas desde el Poder Ejecutivo y no desde el Poder Legislativo. El Presidente o los Gobernadores al proponer reformas políticas van más allá de sus facultades administrativas siguiendo el postulado de la “ola democratizadora”, demostrando que no todo marcha sobre ruedas, que los resultados no son los esperados.

Luego entonces, los gobernantes remiten culpas contra ese entramado institucional obsoleto, anquilosado y pernicioso que no genera incentivos para el crecimiento y el cambio. “Si el gobierno está fallando; es en realidad culpa del diseño institucional que tiene el modelo de administración pública vigente”. Es, según los expertos, el mensaje en tono de excusa que mandan los gobiernos cuando pretenden encabezar “grandes cambios” o “reformas estructurales” en las instituciones de un Estado  o entidad federativa.

Los cambios verdaderamente efectivos en la reforma política no surgen necesariamente desde el poder político detentado en el Ejecutivo. Surgen más bien de la discusión y demanda de grupos organizados en temas tan diversos como la complejidad de la sociedad que las promueve. Surgen también desde la oposición responsable en los postulados de los partidos políticos diferentes al gobernante, de las minorías representadas en las cámaras, y de la pluralidad de las demandas históricas incumplidas.


Una reforma política notable y trascendental no suele negociarse en desayunos o pactarse en la mesa de un brunch dominical. Se construye más bien gracias a la congruencia de los actores políticos que la impulsan y la firmeza en la solución de las demandas que se persiguen. Las reformas de alcance histórico son procesos de discusión, negociación y compromiso que se dan entre actores políticos no subordinados al mando que las convoca. Se dan en el verdadero ejercicio de la división de poderes, en el sagrado contrapeso que garantiza la democracia. Luego le seguimos. 

De órganos garantes, sin garantía

De órganos garantes, sin garantía.

Jesús Rojas Rivera/ Politólogo.
jesusrojasriver@gmail.com /Twitter: rojasriverjesus /Facebook: Jesús Rojas

Viernes 28 de Febrero de 2014
                                            
La elección del titular de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sinaloa no corresponde al ideal de transparencia que persiguen los órganos garantes en las democracias. Esta situación no es exclusiva de nuestro estado, corresponde al trazo común, a la ingeniería constitucional arcaica, desprovista de compromiso con la rendición de cuentas. Influenciada por los usos y costumbres del presidencialismo mexicano, trasladado a los pequeños feudos llamados entidades federativas.

Los órganos garantes regulan el derecho de acceso a la información en cada entidad federativa de manera autónoma e independiente. En una buena parte de los estados, los gobernadores intervienen en la designación de sus órganos, ponen o proponen a los titulares de las comisiones o institutos de transparencia. Intervención que, en sentido lógico, dibuja compromisos y resta autonomía en la toma de decisiones.

Así, en 13 de las 32 entidades federativas, el Ejecutivo estatal propone al Poder Legislativo los perfiles para su integración (como en el caso Sinaloa). En 16 estados es el congreso local quien convoca y selecciona sus propuestas. Nayarit, Chihuahua y Coahuila son las únicas entidades con modelos distintos al resto del país respecto al nombramiento de los titulares y consejeros de sus órganos de transparencia.

Nayarit es caso aparte, allá, los diputados solamente intervienen en el nombramiento del Consejero Presidente, mientras que los demás consejeros serán, según el artículo 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, dos empresarios designados por el Consejo Empresarial nayarita. La norma obliga además, a integrar al menos a una mujer y a un notario designado por el Colegio de Notarios, por último, a un licenciado en derecho designado por las asociaciones de abogados legalmente constituidas. Es el único caso en que las leyes locales ordenan tomar en cuenta a agrupaciones de profesionistas u organizaciones de la sociedad civil para constituir un órgano local de transparencia.

El segundo caso se refiere al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, donde el propio instituto al Poder Legislativo realiza las propuestas a consejeros. El proceso, según el artículo 33 de su Ley, es en principio dirigido por el propio órgano garante, mismo que tiene la atribución de emitir la convocatoria pública, para luego dictaminar a los registrados.

En Coahuila, los aspirantes se someten a un examen escrito, teórico y práctico de  conocimientos en la materia, mismo que es aplicado por una universidad pública, que a su vez, remite los resultados al Consejo General del Instituto. De los aprobados en las evaluaciones, se entregan los expedientes a la cámara legislativa local para su votación. Resalta que los diputados tienen un aspecto cuantitativo para elegir, más allá de cuotas o compadrazgos. Algo similar pasa en Jalisco, pero la convocatoria, designación y evaluación corre a cargo de los diputados.

Por último Chihuahua, donde el artículo 46 de su Ley de Transparencia establece que la designación del titular del Consejo General y sus consejeros, se llevará a cabo mediante evaluación realizada por una comisión especial integrada por dos representantes del Poder Ejecutivo, dos del Poder Judicial y, en el caso del Poder Legislativo, por el Presidente del Congreso y por los coordinadores de los Grupos Parlamentario. Dicha comisión, con apoyo de las universidades locales, lleva los procesos de evaluación mediante examen y entrevistas a los aspirantes. Es el único caso del país en que se incluye al Poder Judicial en los procesos de selección de consejeros.

Como he expuesto, salvo los tres casos atípicos y aislados, en México la transparencia es mera intención, es discurso vacío que no se respalda en instituciones autónomas y ciudadanas. Pareciera que los gobiernos quieren mandar sobre los vigilantes. La rendición de cuentas y transparencia efectiva solo se darán con órganos garantes fuertes, independientes en sus finanzas y patrimonios, pero sobretodo; en el origen y legitimidad de quienes los presiden. En esos temas, mucho camino queda por recorrer. Mientas tanto y por desgracia, tendremos que aprender a vivir con órganos garantes sin garantía. Luego le seguimos…

Ley macana, la ineficaz intolerancia

Ley  macana, la ineficaz intolerancia.

J. Jesús Rojas Rivera / Politólogo.
jesusrojasriver@gmail.com / Twitter: rojasriverjesus / Facebook: Jesús Rojas
                                            
 Viernes 21 de febrero 2014

Resulta contradictorio y al mismo tiempo preocupante escuchar a los gobernantes expresar frases que denotan visos de intolerancia y abuso de poder. Dentro de una democracia, hablar de “cero tolerancia”, es jugar sobre delgadísima línea del autoritarismo.

La radicalización de la postura gubernamental para el cumplimiento de ordenamientos cívicos y de urbanidad, no ha probado ser buen remedio en sociedades donde se ha aplicado. Según Jhon Watson (padre del conductismo), el hombre en comunidad tiende a no respetar aquello de lo que no está convencido. Los procesos de socialización de un ordenamiento público son más complejos de lo que suponen comúnmente los gobernantes.

El ejercicio de la coerción y la sanción administrativa no disuade las conductas nocivas de una sociedad dañada en sus células, sus núcleos y tejidos. Las posturas radicales, lejos de mandar señales de avance y vanguardia, muestran desespero y ligereza en la toma de decisiones.

En los últimos años, diversos gobiernos locales en distintas ciudades de América Latina han caminado por el atractivo esquema de la “cero tolerancia”. Caracas, Managua, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Maceio, Cali, Ciudad de Guatemala y Sao Paulo son ejemplos fallidos de políticas públicas extremistas que marcaron una tendencia errónea en las medidas radicales tomadas por sus gobernantes. En la mayoría de los casos, los niveles de violencia y los índices de criminalidad no bajaron lo esperado y en otros, se incrementaron. La “ley macana”, no siempre tiene los efectos que pretende la autoridad.

Medellín es una ciudad que vivió al azote de bandas delincuenciales. Fue cuna de uno de los hombres más peligrosos del mundo y centro de operaciones de un poderoso cartel colombiano de finales de los años ochenta y principio de los noventa. En las calles de Medellín reinaba la impunidad, la corrupción y la muerte.
En el ocaso y caída de la poderosa organización criminal, Medellín vivió días de sangre y destrucción. El tejido social quedó deshecho y la muerte “se puso barata”. Aquellos jóvenes que trabajaban en un sinfín de ramificaciones de las actividades ilícitas se quedaron de un día para otro sin “camellar” (trabajar) y, entonces sí, la ciudad vio la suerte en negro.

La autoridad pretendió recuperar la ciudad a golpe de plomo con la legítima fuerza del Estado, declarando una “cero tolerancia” verdaderamente estricta, dura, con toque de queda y cateos aleatorios, detenciones por sospecha e intimidación a todo aquel que pareciera ser “delincuente barrial”. El resultado fue alarmante, la violencia lejos de menguar, se disparó.

La sociedad civil preocupada, marchó contra la radicalización del ejercicio de gobierno y la criminalización de la juventud. Las familias de todos los estratos sociales, cansadas de ser tratados como delincuentes, se dispusieron dar un cambio y fueron a contra sentido de la “ley macana”. Decidieron recuperar ellos mismos a sus hijos y le exigieron al gobierno que hiciera lo propio con los espacios públicos.

Los padres se encargaron de devolver a sus hijos esperanza, fe y dignidad. Les hablaron sobre los contra-valores que los tenían de rodillas, como rehenes de una sociedad en donde se había perdido todo respeto por la vida humana. Hicieron círculos de fraternidad, comenzaron a entretejer de nuevo el tejido social, recuperando la relación con el vecino, las fiestas con los del barrio y los proyectos para mejorar su entorno y el de la comunidad.

Hoy,  la capital de Antioquia vive tiempos diferentes, sus habitantes disfrutan de una ciudad con crecimiento. Siendo el corazón financiero de Colombia, gozan de un decoroso índice de desarrollo humano. La Medellín de Pablo Emilio Escobar Gaviria no existe, dejó de ser, se transformó en una ciudad más limpia, mejor comunicada, equitativa, de óptimos servicios públicos, pero lo más importante menos violenta y más segura.
La reflexión en torno al caso, es la siguiente; ¿De cuál “cero tolerancia” habla el alcalde de Culiacán y Mochis? ¿De aquella que falló en San Pedro Sula, en Managua o Caracas o de aquella célebre y radicalizada postura de Rudolph Giuliani en Nueva York?

¿Las corporaciones y los instrumentos de justicia que tienen los alcaldes se parecen más al modelo americano o los infaustos casos latinoamericanos? ¿Confía la ciudadanía en la autoridad moral de sus autoridades? ¿Vale la pena anunciar lo que por obligación se debe hacer? ¿Logrará algo la radicalización de medidas? ¿Pueden las cosas cambiar de forma, sin cambiar de fondo?

Aprovecho para agradecer la confianza y el espacio a Editorial Noroeste, del mismo modo que agradezco a usted lector, el tiempo que le brinda a estas letras. Luego le seguimos…

Gobierno a la moda (La carta del lector que se volvió columna)


Gobierno a la moda

J. Jesús Rojas Rivera                                        
Politólogo

Lunes, 10 de febrero de 2014.

No hace mucho tiempo algunos ciudadanos, especialmente los jóvenes, tomaron la bandera del proteccionismo animal como una causa para organizarse y agruparse. En el mundo, los temas de conmiseración con los animales ganan espacio sobre otros asuntos que fueron socorridos por el juvenil espíritu de la filantropía en tiempos pasados. En años recientes ese particular grupo social buscan entrar en la agenda pública de múltiples maneras. Estas agrupaciones legales y legítimas, protestan de diversas formas contra todo aquello que represente “el menoscabo de los derechos de los animales”, muchas veces, sin importar la transgresión de los propios derechos del hombre.

Las decisiones de los gobiernos, deben guardar tres garantías primordiales; 1) Legalidad, 2) Viabilidad  e 3) Interés público. Cuando un gobierno toma una decisión y dicta una política pública, lo menos que debemos esperar los ciudadanos, es que, dicha política atienda los principios básicos de la administración de los recursos y los espacios comunes. Sea pues, un acto de racionalidad gubernamental y no, una decisión tomada exclusivamente para la atención de la agenda mediática y los actores de moda en la opinión pública.

El gobierno municipal de Culiacán, en un acto sin precedente en Sinaloa, decidió cancelar los permisos para la instalación de espectáculos circenses en donde se exhibieran animales. Justificando lo anterior el alcalde dijo; “La alegría no puede fincarse en el maltrato de los animales”. Posterior a ello, instruyó al oficial mayor e inspectores de vigilancia para que en ésta municipalidad, no se otorguen más permisos a tales eventos.

La postura evidencia una toma de decisión a ligera, el alcalde olvidó que los circos no son el único espectáculo en Culiacán donde se utilizan animales. Cada año en el mes de noviembre y diciembre, el palenque de la feria ganadera, realiza aproximadamente 180 peleas de gallos durante los casi los 30 días de las festividades. En las peleas de “compromiso” se mueven millones de pesos en taquilla, venta de alcohol, apuestas y vendimias, dejando una derrama económica sustanciosa para el ayuntamiento, en el marco de la presentación de artistas de renombre en el ámbito grupero. 

Podría afirmar que el alcalde en ese tema, no entrará a velar por “protección de los derechos de los animales” de fondo, toda vez que jamás negará el permiso para la instalación del espectáculo de sacrificio animal, respaldado por poderosas empresas del entretenimiento popular en el norte de México.
En el marco de las incongruencias, también tenemos el Zoológico de Culiacán, en cuyas jaulas se encuentra animales de diversas especies en condiciones de hacimiento, desnutrición y atenciones inadecuadas, dicho espacio público no tiene la atención de veterinarios especialistas en la fauna expuesta. El “parque de los animales” ha recibido recursos públicos millonarios para el acondicionamiento de sus instalaciones. Justo ahora, la administración prohibicionista, destina recursos materiales y financieros para el mantenimiento y operación de dicho lugar de encierro animal.

Una manera socorrida de llamar la atención en los gobiernos que inician periodo, es acomodar el discurso y las primeras acciones públicas en temas de mucho ruido y poco contenido. En este sentido, las decisiones del alcalde son desafortunadas, vacías e incongruentes, pero que, por su “naturaleza” y permeabilidad en la agenda mediática, le dan ahora la vuelta al mundo.  

Cuando Sergio Torres presentó su equipo de trabajo, me pareció que la gente detrás de la toma de decisiones en Culiacán, estaría a la altura de nuestra comunidad. Ese equipo de expertos, encabezados por el secretario del ayuntamiento, tuvo mi voto de confianza inicial. Hoy, a escasos 35 días de iniciado el gobierno, llega pronto la decepción, pues las primeras acciones dejan el sabor de la ocurrencia y alejan el espíritu de la política pública objetiva, racional y eficiente.

No quiero abundar en los recuerdos de infancia de todos quienes disfrutamos los circos; con sus changuitos, jirafas y caballos, de la alegría que causa a los niños subirse en un elefante domesticado o ver al feroz león saltar por un aro de metal. No quiero pensar que hoy, el gobierno municipal asume mi potestad como padre para definir “en que sí y en que no” se puede, a dicho del alcalde, “fincar la alegría” de mi familia. Y en su facultad tomada a la ligera, le niega a mis hijos el derecho de disfrutar un espectáculo tradicional, sano y hasta donde tengo conocimiento, incapaz de causar un menoscabo en la formación cívica de nuestros niños. Las prohibiciones de índole público deben sustentarse, ser congruentes y velar por el interés común, nada de ello veo en la decisión expuesta.


El gobierno que creí, se regiría por decisiones técnicas, terminó por regalarnos una muestra de que el empirismo y dicharacherismo pueden más que la razón y el derecho, toda vez que los ahora afectados, podrían sin mayor complicación revertir ese mandato ilegal en un sencillo amparo de nulidad contra un acto administrativo transgresor de sus derechos, que; en teoría y para la foto está en pro de los “derechos” animales. Esto último, también a medias y entrecomillado. 

Carta del lector, la primera columna en Noroeste.

Bienvenida y exposición de motivos


Motivos...

En Abril de 2014 conocía a Sam Quinones en los los antiguos portales de Culiacán. Entre otras cosas platicamos de la importancia que tenía el ejercicio del periodismo y su medio primario y natural de expresión; el lenguaje escrito. Crea un blog me dijo, en esos tiempos yo debutaba como columnista en el periódico Noroeste, por invitación de Francisco "Güero" Cuamea.

Por estricta casualidad, si es que cabe lo estricto en ella, he tenido la oportunidad de escribir en diversos medios locales en el estado de Sinaloa, desde cartas al lector hasta un espacio que de corazón me abrió en su columna "Bronceador" un periodista de mi natal Escuinapa, llamado Ramón Guevara, él mismo gestionó con sus amigos de El Sol de Sinaloa un pedacito de plana para que yo escribiera sobre "Cultura" los domingos en el rotativo El Sol de Mazatlán.

Por aquellas fechas Karina Guzmán era reportera de El Debate en Escuinapa, mi cuna, un pueblito pintoresco y polvoroso que vive negado a la transformación y la modernidad, bajo la corta visión de políticos mediocres. Ella me invitó a escribir en su casa editorial y gestionó una columna que la empresa tituló "Desde la marisma", supongo, fue porque mis textos se debían sujetar a temas del acontecer local y porque en el sur de Sinaloa, donde circulaba mi columna, se encuentra el sistema de las Marismas Nacionales.

Por último en este recuento de mis andanzas por los medios locales de comunicación, está un acto muy generoso de mi amiga Carolina Tiznado, reportera formada en la sección Sur del periódico Noroeste, hoy mi casa editorial. Ella me acompañó a Mazatlán en un viaje exprofesso para recomendarme con su colega periodista Cayetano Osuna corresponsal del semanario RÍODOCE. Cayetano me dio la oportunidad de escribir mi primer y único reportaje publicado, el tema era sobre licitaciones irregulares en el Ayuntamiento de Escuinapa, siendo también el único reportaje que he escrito a manera de freelance. En este punto, resalto como anécdota que el pago de la publicación se pactó con periódico, ejemplares del semanario que llegarían para que yo mismo distribuyera en un esquema ocurrente, de la venta del periódico saldría mi sueldo, de tal suerte que mi primer reportaje me convirtió en repartidor de periódicos.  

Hoy, haciendo caso a Sam, escribo la primear entrada de mi blog, aquí pretendo "colgar" todos los textos que me publiquen en cualquier medio de comunicación. La verdad es que esto de escribir es una actividad que con el tiempo se vuelve pasión, una forma muy pura para expresar las ideas y un medio de comunicación altamente efectivo con quienes amablemente se toman su tiempo para leernos.

Espero sinceramente que esto dure mucho, tanto como la vida misma.... Luego le seguimos.

Jesús Rojas, Agosto de 2014.


Con Sam Quinones, incitador de escritores, acompañándolo a visitar al "santo del colgado" Jesús Malverde