De órganos garantes, sin garantía.
Jesús Rojas Rivera/ Politólogo.
jesusrojasriver@gmail.com
/Twitter: rojasriverjesus /Facebook: Jesús Rojas
Viernes 28 de Febrero de 2014
La
elección del titular de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública en el Estado de Sinaloa no corresponde al ideal de transparencia que
persiguen los órganos garantes en las democracias. Esta situación no es
exclusiva de nuestro estado, corresponde al trazo común, a la ingeniería
constitucional arcaica, desprovista de compromiso con la rendición de cuentas. Influenciada
por los usos y costumbres del presidencialismo mexicano, trasladado a los pequeños
feudos llamados entidades federativas.
Los órganos garantes regulan
el derecho de acceso a la información en cada entidad federativa de manera
autónoma e independiente. En
una buena parte de los estados, los gobernadores intervienen en la designación
de sus órganos, ponen o proponen a los titulares de las comisiones o institutos
de transparencia. Intervención que, en sentido lógico, dibuja compromisos y
resta autonomía en la toma de decisiones.
Así,
en 13 de las 32 entidades federativas, el Ejecutivo estatal propone al Poder
Legislativo los perfiles para su integración (como en el caso Sinaloa). En 16
estados es el congreso local quien convoca y selecciona sus propuestas.
Nayarit, Chihuahua y Coahuila son las únicas entidades con modelos distintos al
resto del país respecto al nombramiento de los titulares y consejeros de sus
órganos de transparencia.
Nayarit
es caso aparte, allá, los diputados solamente intervienen en el nombramiento
del Consejero Presidente, mientras que los demás consejeros serán, según el
artículo 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Nayarit, dos empresarios designados por el Consejo Empresarial
nayarita. La norma obliga además, a integrar al menos a una mujer y a un
notario designado por el Colegio de Notarios, por último, a un licenciado en
derecho designado por las asociaciones de abogados legalmente constituidas. Es
el único caso en que las leyes locales ordenan tomar en cuenta a agrupaciones
de profesionistas u organizaciones de la sociedad civil para constituir un
órgano local de transparencia.
El
segundo caso se refiere al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información
Pública, donde el propio instituto al Poder Legislativo realiza las propuestas
a consejeros. El proceso, según el artículo 33 de su Ley, es en principio
dirigido por el propio órgano garante, mismo que tiene la atribución de emitir
la convocatoria pública, para luego dictaminar a los registrados.
En
Coahuila, los aspirantes se someten a un examen escrito, teórico y práctico
de conocimientos en la materia, mismo
que es aplicado por una universidad pública, que a su vez, remite los
resultados al Consejo General del Instituto. De los aprobados en las
evaluaciones, se entregan los expedientes a la cámara legislativa local para su
votación. Resalta que los diputados tienen un aspecto cuantitativo para elegir,
más allá de cuotas o compadrazgos. Algo similar pasa en Jalisco, pero la
convocatoria, designación y evaluación corre a cargo de los diputados.
Por
último Chihuahua, donde el artículo 46 de su Ley de Transparencia establece que
la designación del titular del Consejo General y sus consejeros, se llevará a
cabo mediante evaluación realizada por una comisión especial integrada por dos
representantes del Poder Ejecutivo, dos del Poder Judicial y, en el caso del
Poder Legislativo, por el Presidente del Congreso y por los coordinadores de
los Grupos Parlamentario. Dicha comisión, con apoyo de las universidades
locales, lleva los procesos de evaluación mediante examen
y entrevistas a los aspirantes. Es el único caso del país en que se incluye al
Poder Judicial en los procesos de selección de consejeros.
Como he expuesto,
salvo los tres casos atípicos y aislados, en México la transparencia es mera
intención, es discurso vacío que no se respalda en instituciones autónomas y
ciudadanas. Pareciera que los gobiernos quieren mandar sobre los vigilantes. La
rendición de cuentas y transparencia efectiva solo se darán con órganos
garantes fuertes, independientes en sus finanzas y patrimonios, pero sobretodo;
en el origen y legitimidad de quienes los presiden. En esos temas, mucho camino
queda por recorrer. Mientas tanto y por desgracia, tendremos que aprender a
vivir con órganos garantes sin garantía. Luego le seguimos…
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