martes, 29 de julio de 2014

De órganos garantes, sin garantía

De órganos garantes, sin garantía.

Jesús Rojas Rivera/ Politólogo.
jesusrojasriver@gmail.com /Twitter: rojasriverjesus /Facebook: Jesús Rojas

Viernes 28 de Febrero de 2014
                                            
La elección del titular de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sinaloa no corresponde al ideal de transparencia que persiguen los órganos garantes en las democracias. Esta situación no es exclusiva de nuestro estado, corresponde al trazo común, a la ingeniería constitucional arcaica, desprovista de compromiso con la rendición de cuentas. Influenciada por los usos y costumbres del presidencialismo mexicano, trasladado a los pequeños feudos llamados entidades federativas.

Los órganos garantes regulan el derecho de acceso a la información en cada entidad federativa de manera autónoma e independiente. En una buena parte de los estados, los gobernadores intervienen en la designación de sus órganos, ponen o proponen a los titulares de las comisiones o institutos de transparencia. Intervención que, en sentido lógico, dibuja compromisos y resta autonomía en la toma de decisiones.

Así, en 13 de las 32 entidades federativas, el Ejecutivo estatal propone al Poder Legislativo los perfiles para su integración (como en el caso Sinaloa). En 16 estados es el congreso local quien convoca y selecciona sus propuestas. Nayarit, Chihuahua y Coahuila son las únicas entidades con modelos distintos al resto del país respecto al nombramiento de los titulares y consejeros de sus órganos de transparencia.

Nayarit es caso aparte, allá, los diputados solamente intervienen en el nombramiento del Consejero Presidente, mientras que los demás consejeros serán, según el artículo 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, dos empresarios designados por el Consejo Empresarial nayarita. La norma obliga además, a integrar al menos a una mujer y a un notario designado por el Colegio de Notarios, por último, a un licenciado en derecho designado por las asociaciones de abogados legalmente constituidas. Es el único caso en que las leyes locales ordenan tomar en cuenta a agrupaciones de profesionistas u organizaciones de la sociedad civil para constituir un órgano local de transparencia.

El segundo caso se refiere al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, donde el propio instituto al Poder Legislativo realiza las propuestas a consejeros. El proceso, según el artículo 33 de su Ley, es en principio dirigido por el propio órgano garante, mismo que tiene la atribución de emitir la convocatoria pública, para luego dictaminar a los registrados.

En Coahuila, los aspirantes se someten a un examen escrito, teórico y práctico de  conocimientos en la materia, mismo que es aplicado por una universidad pública, que a su vez, remite los resultados al Consejo General del Instituto. De los aprobados en las evaluaciones, se entregan los expedientes a la cámara legislativa local para su votación. Resalta que los diputados tienen un aspecto cuantitativo para elegir, más allá de cuotas o compadrazgos. Algo similar pasa en Jalisco, pero la convocatoria, designación y evaluación corre a cargo de los diputados.

Por último Chihuahua, donde el artículo 46 de su Ley de Transparencia establece que la designación del titular del Consejo General y sus consejeros, se llevará a cabo mediante evaluación realizada por una comisión especial integrada por dos representantes del Poder Ejecutivo, dos del Poder Judicial y, en el caso del Poder Legislativo, por el Presidente del Congreso y por los coordinadores de los Grupos Parlamentario. Dicha comisión, con apoyo de las universidades locales, lleva los procesos de evaluación mediante examen y entrevistas a los aspirantes. Es el único caso del país en que se incluye al Poder Judicial en los procesos de selección de consejeros.

Como he expuesto, salvo los tres casos atípicos y aislados, en México la transparencia es mera intención, es discurso vacío que no se respalda en instituciones autónomas y ciudadanas. Pareciera que los gobiernos quieren mandar sobre los vigilantes. La rendición de cuentas y transparencia efectiva solo se darán con órganos garantes fuertes, independientes en sus finanzas y patrimonios, pero sobretodo; en el origen y legitimidad de quienes los presiden. En esos temas, mucho camino queda por recorrer. Mientas tanto y por desgracia, tendremos que aprender a vivir con órganos garantes sin garantía. Luego le seguimos…

No hay comentarios:

Publicar un comentario