Redistritación distraída

Jesús Rojas Rivera/ Politólogo.

Viernes 9 de Mayo de 2014

Dentro de los denominados “Compromisos por Sinaloa”, donde todas las fuerzas políticas del estado se reunieron para crear una agenda común sobre la llamada “reforma política”, surge un tema que comienza a cimbrar la mesa donde los dirigentes de los partidos políticos plancharon los acuerdos.

La redistritación electoral es uno de los temas en los que necesariamente habrá una confrontación de posturas. En política es muy difícil mantener salvados los legítimos intereses de fuerzas políticas antagónicas, que, en un escenario de competencia electoral buscan la mayoría de los escaños en el Congreso.

Debemos entender la redistritación como un proceso de ajuste jurídico-técnico en la cartografía electoral para promover el equilibrio en la representación política y la igualdad del voto, valores fundamentales en el ejercicio de las democracias. En el caso Sinaloa, la redistritación busca eliminar la inequidad en la representación del Congreso, por el sistema actual de elección del Legislativo donde el criterio electoral se demarca de manera geográfico-territorial y no poblacional como en la mayoría de los sistemas electorales de México y el mundo.

Para el jurista mexicano Felipe Tena Ramírez, “todo cambio en las estructuras de las instituciones del poder público, tiene principio en la obediencia irrestricta de la jerarquía de la norma constitucional” es decir, ningún cambio que se pretenda legal, puede obviar el procedimiento legislativo al cual están sujetos todas las reformas propuestas para la mejora del Estado.

Sinaloa tiene una geografía electoral atípica, pero no única en cuanto a la conformación de sus distritos electorales. Los legisladores estatales colgaron un candado en el artículo 24 de la Constitución Sinaloense al decir que “La demarcación territorial de los distritos electorales uninominales se fijará teniendo en cuenta la población total del Estado. En todo caso, cada Municipio tendrá cuando menos un distrito electoral uninominal”.

Para dar paso a los cambios profundos, los únicos facultados legítima y legalmente en el proceso de una redistritación de fondo en Sinaloa son los Diputados que conforman la asamblea legislativa denominada Congreso del Estado. Ningún órgano o instituto especializados en temas electorales tiene alcances legislativos, y puede por ello, iniciar un procedimiento de gran calado en el reordenamiento territorial que distribuye el poder político en unidades territoriales electorales que para efectos se denominan distritos.

El jurisconsulto Gabino Fraga añade “lo más que puede admitirse, es que las leyes orgánicas y reglamentarias como especies dentro del género de Leyes Ordinarias aplican esas denominaciones a las normas que regulan el funcionamiento de los órganos del Poder Público o que concretan y desarrollan bases establecidas en la Constitución”. Es decir, en la jerarquía de la norma, toda modificación que se pretenda a las Leyes Ordinarias, deben estar sujetas al mandato de la Constitución.

Además de los criterios jurídicos ya señalados, los procesos de reingeniería electoral cartográfica se ajustan a principios de la planeación territorial; criterios de eficiencia, eficacia y equidad en la distribución de la población al trazar las fronteras de los distritos electorales, entendido estos como la unidad geográfica que define la representación legislativa.

La redistritación en Sinaloa es un tema que no le conviene al PRI, que en teoría le quitaría representación en el Congreso. La tarea está en manos del los legisladores, mientras tanto, en la mesa política está presente un tema de discusión y debate que aleja un poco la sospechosa unanimidad en la que se desarrolla la denominada “reforma política”.

Ante estos escenarios se dibuja otra cara para los “Compromisos por Sinaloa”, vamos a ver si los partidos políticos sacan adelante sus consignas históricas o se doblegan ante el poder de una mayoría legislativa priista que parece, en ocasiones, ser también gobierno. Luego le seguimos.