Jesús Rojas Rivera
Viernes 16 de Mayo de 2014
Como
enmendado la anterior, mejorando sustancialmente el calado de las propuestas,
se presentó ante el Congreso del Estado, el segundo paquete de reformas
derivadas de los foros “Compromisos por Sinaloa”. En dicha entrega,
sobresalieron temas importantes, fundamentales para la transformación de
Sinaloa.
Dentro
de las propuestas entregadas por el secretario de gobierno al órgano
legislativo, destacan la creación del Consejo Estatal de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social. Mucho tiempo se tiene pidiendo en Sinaloa, un
organismo capaz de coordinar y evaluar las políticas sobre desarrollo social,
que establezca sistemas de identificación y medición de la pobreza, de manera
clara y objetiva, donde se garantice la transparencia en el desarrollo de las
políticas de atención a la pobreza. Cuantificar y definir las necesidades para
poder atender con eficiencia y eficacia las carencias de los más necesitados en
Sinaloa.
Es
importante mencionar, que la creación de dicho consejo técnico no asegura el
cumplimiento de las funciones del mismo. Debemos velar por una integración transparente
para su ejercicio en total autonomía, pues en la independencia de sus
mediciones y decisiones, podría estar, la solución a los problemas de la
pobreza en sus múltiples dimensiones.
En
ese mismo sentido, el de la autonomía, se ve un avance importante en materia de
transparencia al proponer la modificación al órgano garante en Sinaloa. Esta
propuesta da una esperanza a los ciudadanos sobre un cambio de fondo en la
atención y seguimiento de las solicitudes de información pública. La autonomía
e independencia de la CEAIPES, es una consigna ciudadana que han enarbolado
diversas asociaciones civiles, esperemos que esta muestra de apertura sea más
que un mensaje de buena voluntad y se concrete en una de las primeras
peticiones esencialmente ciudadanas llegadas a manos de los diputados mediante
los foros.
Quiero
resaltar, que a mi juicio, la más importante de las propuestas, fue la que
habla sobre la procuración de justicia en Sinaloa.
Una
de las críticas constantes que ha recibido el Ejecutivo estatal, han versado
sobre la “politización” de la procuración de justicia. Sobre los hilos que se
enredan entre los funcionarios públicos encargados de las investigaciones y las
consignaciones de los presuntos responsables con intereses políticos vigentes. El
caso no puede ser más oportuno, el cobarde asesinato de Sandra Luz Hernández,
el lunes pasado a plena luz del día en una céntrica calle de la capital
sinaloense, ha sacado a flote en prácticamente todos los medios de comunicación
nacionales un debate sobre la delimitación de las responsabilidad de los
poderes constituidos del Estado.
Sin
duda, la responsabilidad del Ejecutivo y sus mandos policiales está en la
salvaguarda de la vida de las personas, su integridad física y patrimonio. Pero
no debe confundirse esa facultad conferida en la Constitución, con aquella que
permite la persecución de los delitos y la representación social de la causa
jurídica del ofendido, misma que se deposita en los órganos de procuración de
justicia.
También
se debe tener cuidado al ejercer el legitimo derecho de petición y exigencia de
justicia a las autoridades, pues en un Estado democrático, la impartición de la
misma se lleva en los tribunales, con los jueces y magistrados que forman parte
del Poder Judicial a quienes debemos exigirles total independencia del poder
Ejecutivo.
La
iniciativa para la creación de una fiscalía autónoma e independiente llega en
un momento de duelo social, Sinaloa le llora a sus muertos y sus muertas, a sus
desaparecidos. La impunidad campea desde Choix a Escuinapa, los jueces no
pueden juzgar sin detenidos y no pueden sentenciar sin la debida integración de
la demanda. Y parece que ahí está el punto crisis, en la ambigüedad jurídica de
la representación social en la procuración de justicia. La iniciativa dibuja
una exigua esperanza, y las esperanzas aun las más pequeñas, son, según Aristóteles
el sueño del hombre despierto. Luego le seguimos.
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