Jesús Rojas Rivera
Viernes 22 de Agosto 2014
“Que horror
Marlen vi un artículo con tu foto, pero veo que no eres tu y estas bien gracias
a Dios, saludos!” (Sic). Así podría comenzar la historia que empezó a escribirse
en las redes sociales el miércoles 20 del presente mes.
Medios de
comunicación en el norte del país daban cuenta del asesinato en un asalto
violento de Marlen Valdez reportera del diario La Última Palabra en Cadereyta
Nuevo León. En el transcurrir de las horas, el lamentable hecho cobraba espacio
y trascendía en los portales e impresos de medios nacionales, la revista
Proceso dirigida por Rafael Rodríguez Castañeda se aventuró a publicar en su
versión digital la fotografía del perfil de facebook de Marlen Valdez, pero, en
un penoso descuido del reportero y los editores se publicó la imagen de otra
Marlen Valdez, una que no era periodista, que no era de Cadereyta y no estaba
muerta.
“Estoy muy
afectada con esta nota, estoy desconcertada con el nivel de los medios de
comunicación al publicar una nota con mi fotografía, requiero del apoyo de
ustedes mis amigos para difundir que estoy viva y sana” (Sic). Era el llamado desesperado de una usuaria de
redes sociales cuya identidad había sido confundida y difundida a más de
difundida a más de 2 millones 322 mil 480 seguidores del semanario dedicado a la investigación periodística.
Proceso solía ser una revista seria. Muchos periodistas
reconocidos nacional e internacionalmente escriben y han escrito para ella, el
consejo de administración del semanario tiene hombres muy valiosos para el
periodismo nacional y latinoamericano; Julio
Scherer García, Vicente Leñero, Francisco Álvarez y Salvador Corro, son
profesionales de la información que se han ganado a pulso un lugar en la
preferencia de los lectores.
En la mañana
del jueves 21, la respuesta a la petición desesperada de Marlen Valdez, lucía
por su ausencia. Comenzó entonces la acción espontánea y solidaria de los
usuarios de las redes sociales quienes se organizaron para difundir el error de
Proceso, que en ese momento era replicado por al menos 25 diarios que habían
tomado como fuente al semanario y difundían masivamente la fotografía
equivocada.
Los amigos de la afectada, difundieron en sus muros, así como
en el de periodistas y diversos medios de comunicación el error en el que había
incurrido la revista. Al medio día del mismo jueves llegó la respuesta de
Luciano Campos corresponsal del semanario en Nuevo León. “Por un error de este
corresponsal, fue publicada en la página proceso.com.mx, junto con la nota informativa, una fotografía tomada de la cuenta de Facebook de Marlén Valdez
Esparza, homónima de la fallecida. Ofrecemos una disculpa a la afectada y a
quienes se sintieron agraviados por la publicación de la imagen” (Sic).
En el
marco de la discusión del Art. 51bis y las libertades de prensa, valdría la
pena reflexionar sobre los derechos de los ciudadanos en relación a
publicaciones carentes del profesionalismo que deben guardar los medios de
comunicación respecto a la identidad de las víctimas y la presunción de
culpabilidad de los acusados.
Sinaloa
tiene casos como el de Claudia Ochoa Félix, a quien los medios nacionales la
señalaron públicamente como líder de una organización criminal sin obrar en su
contra ningún señalamiento judicial. O el fatídico caso del Jesús Antonio
Mendoza Benítez, mostrado públicamente por la autoridad municipal como presunto
violador de mujeres en el centro de la capital sinaloense, cuya imagen fue
difundida y etiquetada por medios locales como responsable de diversos delitos
que no fueron acreditados, causando su liberación. Días después el inocente
Mendoza Benítez aparecería asesinado en las inmediaciones del campo El Diez.
En el
tema del respeto a la libertad de prensa y el derecho a la información, también
valdría la pena se revise a fondo la violación de los medios de comunicación a
los derechos humanos. Estoy convencido que se debe legislar en el estricto
respeto a las garantías individuales de los ciudadanos y los periodistas,
porque toda conducta que tenga implicación en la vida pública no puede dejarse
al arbitrio subjetivo de la ética y las buenas prácticas. Luego le seguimos.
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