Ley sin efecto, minusvalía gubernamental

 Jesús Rojas Rivera

Viernes 18 de julio de 2014

Hace ya 14 años, se votó en el Congreso local una iniciativa “de avanzada”, que pretendía la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad. Un complemento a las disposiciones en materia de salud para el apoyo a las personas con restricciones, pérdida temporal o permanente de sus capacidades para realizar alguna actividad.

Toda sociedad que se inscriba en la democracia, debe contemplar posibilidades de desarrollo equitativas e igualitarias para sus integrantes, sin importar su género, ideología política, credo, color de piel, oficio, nivel socioeconómico o capacidades. Sinaloa posee 2 millones 767 mil 800 habitantes, de ellos poco más de 102 mil viven con algún tipo de discapacidad neuro-motora, auditiva-lenguaje, visual, intelectual o múltiple.

Es por pocos conocido que nuestra legislación local existe una Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad que busca, al menos en el papel, promover programas y acciones tendientes a la solución de problemas que afecten a los ciudadanos con discapacidad, con la finalidad de integrarlos al desarrollo económico, laboral, político, educativo, cultural y deportivo.

La mencionada ley es letra muerta, poco influye en los criterios de los hacedores de políticas públicas en nuestro estado. La autoridad se muestra omisa y laxa al mandatar el cumplimiento en las disposiciones de un cuerpo normativo vigente, que debería en teoría, regir en el ámbito de su competencia.

Entre otras disposiciones la ley en cuestión, obliga al gobierno estatal a promover que las nuevas construcciones realizadas por los sectores público, privado y social, con fines de uso comunitario, trátese de servicios administrativos, recreativos o de cualquier otra naturaleza cuenten con infraestructura que permita el acceso y la movilidad de personas con discapacidad.

Los ayuntamientos por su parte incumplen la ley en tanto que están obligados a conservar en buen estado, libres de tierra, piedras, arena o cualquier otro material, las rampas construidas en aceras, intersecciones o escaleras de la vía pública, así como promover que en los estacionamientos públicos haya los espacios necesarios para el ascenso y descenso de personas con discapacidad. Además de promover, coadyuvar y vigilar la defensa de dicho grupo prioritario.

A los políticos y funcionarios les gustan las fotos, sobre todo, si con ellas conmueven a sus electores. Constantemente posan sonrientes junto a personas con discapacidad, tienen un gusto enfermizo por regalar sillas de ruedas, muletas y andaderas. Altruistas de ocasión, suelen atender las necesidades de las personas con discapacidad en un absurdo esquema de dadivas y obsequias.

Irreflexivos ante su responsabilidad, no han caído en cuenta de que la mejor manera beneficiar a ese grupo vulnerable es cumpliendo la ley. Respetar a nuestros hermanos discapacitados obliga entenderlos iguales en derecho, y prohíbe verlos con ofensiva lástima. Las rudimentarias políticas paternalistas tomadas por algunos alcaldes y sus funcionarios, exhiben la mediocridad política y el desconocimiento de un tema fundamental para los buenos gobiernos, los gobiernos incluyentes.

Las personas con discapacidad son ejemplo de valor y superación en una sociedad acostumbra a lo fácil. Son hombres y mujeres que contagian la alegría por la vida. Desde este pequeño espacio mando un saludo a mi amigo Aarón Hermosillo, amputado en un accidente automovilístico, basquetbolista y futbolista con discapacidad, seleccionado sinaloense en varias disciplinas deportivas, padre de familia responsable, de quien he aprendido mucho de lo poquito que sé sobre las personas con capacidades distintas. Luego le seguimos.