Jesús Rojas Rivera/Politólogo.
Viernes 20 de junio de 2014
La transparencia y la rendición
de cuentas son reflejo de la calidad democrática prevalente en una sociedad,
tienen que ver con la creación de los organismos e instituciones públicas para
aceptar un sistema de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder. En una
democracia, la rendición de cuentas es una condición obligada de las
instituciones que reciben recursos públicos y es, además, un principio de
interés común que permite a los ciudadanos conocer de la cuestión pública para
poder evaluarla.
En este sentido, transparencia
refiere a una cualidad de actuación o de conducta respecto de los
comportamientos de los actores públicos para brindar información clara, precisa
y gratuita sobre el gasto e implementación del recurso público, partiendo de
que la información permite mayores condiciones para la vigilancia efectiva y la
evaluación de los gobiernos.
Los esfuerzos por elevar la
calidad de transparencia son impulsados mayormente por organismos no
gubernamentales. Evidentemente, el interés efectivo por la mejora sustancial
del acceso al derecho humano de la información, predomina en la sociedad más
que en el gobierno. Muchas veces los órganos garantes de la transparencia son
figuras decorativas, incapaces de comportarse a la altura de las demandas ciudadanas.
A principios de semana, la
organización no gubernamental denominada Iniciativa Sinaloa presentó los datos
que arroja el Índice del Derecho al Acceso a la Información en México, IDAIM, estudio
realizado por FUNDAR, organización nacional que busca contribuir al desarrollo
social fortaleciendo organizaciones de la sociedad civil mediante la
profesionalización y el desarrollo de sus capacidades.
Los datos que arroja el IDAIM
sobre nuestro estado llaman a la reflexión profunda. Sinaloa se encuentra en el
lugar 23 de las 32 entidades federativas, es decir, está por debajo de la media
nacional y ubicada entre los peores de México en temas de transparencia. El
índice considera la evaluación de 196 criterios agrupados en tres variables: a)
diseño normativo, b) diseño institucional y c) procedimiento de acceso a la
información pública y obligaciones de transparencia. La evaluación nos reprueba
contundentemente, con dificultad alcanzamos un ingrato 5.1 en relación a las
mejores prácticas nacionales e internacionales en la materia.
Dentro de los indicadores
observados que destacan los criterios negativos en la evaluación, resaltan
aquellos que versan sobre el órgano garante, sobre la institución encargada de
hacer valer el derecho ciudadano a la información. Desde la elección de su
titular, hasta la resolución de sus conflictos internos, pasando por su
estructura organizacional. Uno de los cambios profundos que se deben poner
sobre la mesa de las discusiones en materia de transparencia en Sinaloa, está
sin duda en la CEAIPES, organismo público que nos cuesta a los sinaloenses
aproximadamente 18 millones de pesos al año.
Y digo aproximadamente, porque al
hacer una revisión del presupuesto asignado a la dependencia en su portal de
internet www.ceiapes.org.mx/informacion-financiera
consultada ayer (19/06/14), no constan datos sobre los ejercicios de sus
presupuestos posteriores a 2012, tampoco la relación de gastos a partir de
2011, los servicios de celular, los gastos de difusión, viajes, comidas,
facturas y estados financieros. Es decir, el órgano garante en Sinaloa es
candil de la calle y oscuridad de la casa, los datos mínimos no se encuentran
debidamente actualizados. Los comisionados, sus secretarios, directivos y jefes
de unidades se encuentran velando el sueño de los justos, dando una muestra
clara que su convicción no es el ejercicio pleno de la transparencia.
Bien merecida tenemos la
calificación reprobatoria, vergüenza les debería de dar a los integrantes de
una Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa dormida en la comodidad de sus sueldos, aletargados en frescor de sus
aires acondicionados y la privanza de sus lujosas oficinas estilo minimalista.
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