Crístofer merece justica

O P I N I Ó N

J E S ú S   R O J A S   R I V E R A

No era la primera vez, Crístofer, un niño de 6 años alumno del pri­mer grado de la Escuela Pri­maria Gral. Lázaro Cárdenas del municipio de Escuinapa, sufría acoso escolar y vio­lencia por parte de algunos compañeros del salón. Co­mo sucede en las tragedias, la autoridad hizo caso omi­so, nadie atendió las quejas del niño y los señalamientos de la madre hasta que en di­ciembre de 2014 el daño fue irreversible, Crístofer perdió la vista de su ojo izquierdo a consecuencia de la agresión que sufrió dentro de su aula. ¿A quién le puede impor­tar, si es un asunto aislado y lejano? ¿Quién es Crístofer para un sistema educativo indolente, permisivo, desor­ganizado y corrupto? ¿Quién pude alzar la voz por la víc­tima, si los encargados de velar por su seguridad; pro­fesor, director y supervisor hicieron un pacto cómplice para evadir sus responsa­bilidades? ¿Cuántos casos más podemos esperar en un estado que no ha toma­do las medidas necesarias para erradicar la violencia escolar? El caso de Crístofer en Escuinapa no debe ser vis­to como un "hecho aislado", en Sinaloa es preocupante el aumento en los casos de bullying, algunos incluso han terminado en homici­dio. El acoso y la violencia escolar es una realidad que no ha querido ver el Secre­tario de Educación, Fran­cisco Frías Castro. Más allá de los discursos, se siguen sumando víctimas, algunos expertos afirman que 4 de cada 10 alumnos en Sinaloa han sufrido de algún tipo de violencia en las escuelas. En México existen 22 le­gislaciones estatales en ma­teria de violencia escolar, la más antigua se promulgó en Chihuahua en 2004, la llamaron Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Chihuahua, de ahí pasaron cuatro años para que en Ta­maulipas se creara una legis­lación similar. Las legisla­ciones locales en materia se pueden clasificar en tres: A) Sobre seguridad escolar, B) Sobre acoso y violencia es­colar y C) Sobre convivencia libre de violencia. En Sinaloa la violencia escolar no ha sido tema en la agenda legislativa, sobre el particular apenas se tiene una iniciativa presentada en la actual Legislatura por los integrantes del grupo parlamentario del Partido Sinaloense fechada el 16 de enero de 2014, la iniciativa que reposa gélida en la con­geladora legislativa se deno­mina Ley para la Prevención y Tratamiento de la Violen­cia Escolar. También en 2014, en el Senado de la República se presentó una iniciativa para la creación de la Ley General para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar, en ella se señalan responsabilidades del tipo penal para quienes por omisión o negligencia permitan la violencia escolar, del mismo modo sanciona con multas hasta por 5 mil salarios mínimos ($350,000 pesos) a padres de familia y autorida­des escolares que permitan o consientan casos como el sucedido en Escuinapa. El tema que para nada es un asunto menor tiene im­plicaciones diversas, para la Dra. Úrsula Zurita Rivera, politóloga e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la legis­lación en materia de violencia escolar debe atender seis dimensiones básicas: La con­ceptual, la jurídica, la política, la organizacional, la escolar y la familiar. Sobre el mismo tema, la experta asegura se debe realizar una armoniza­ción legislativa que no sólo señale la prohibición de la violencia, sino también que genere instrumentos norma­tivos y sistémicos para la aten­ción inmediata del problema en sus múltiples aristas. No sólo es un tema de legislación también lo es de políticas pú­blicas, afirma la catedrática. Las autoridades educati­vas, lejos de buscar excusas y pretextar sus faltas, deben poner atención inmediata en este problema. En el caso de Escuinapa alguien tiene que responsabilizarse, y si la éti­ca profesional de los impli­cados no da para ello, debe ser la fuerza de la autoridad la que de manera inmediata procure la reparación del daño y persiga los delitos cometidos contra el menor, además de las responsabi­lidades penales que tengan lugar. Como sociedad no po­demos permitir que nadie atente contra los derechos de nuestra infancia, en ese sentido, exigir justicia para Crístofer es una obligación para evitar que la inseguri­dad y la impunidad corrom­pa el espacio donde se edu­can nuestros hijos, negarles la justicia es sentenciarles el futuro. Luego le seguimos...