El fuero, la inmunidad y Lucero

O P I N I Ó N

J E S ú S   R O J A S   R I V E R A

Ignacio Burgoa Orihuela, profesor emérito en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, habló en su tiempo sobre el fuero, la declaratoria de procedencia y el juicio político. Explicó sobre la importancia que tiene esta figura jurídica que permite la no persecución judicial por las vías ordinarias y obliga la existencia de un procedimiento "jurídico-político" para la extinción de la protección judicial en mención. Burgoa enfatizaba que el fuero constitucional no es una figura de inmunidad, sino una herramienta de protección jurídica contra actos de naturaleza política, fundada esencialmente en las consecuencias derivadas de la manifestación de sus opiniones en el desempeño de su cargo. Sentenciaba además la importancia del respeto al procedimiento para retirar la "inmunidad relativa" que solo puede suprimirse mediante declaración de procedencia por la Cámara de Diputados, antes llamado desafuero. El caso de la Diputada Lucero Sánchez es complicado. Anunciada la detención y traslado con el fin de presentarla a declarar a la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, diversos actores políticos refirieron la violación al fuero constitucional de la legisladora. Según versiones del Gobierno federal, fue interrogada en dos supuestos jurídicos distintos, la primera en calidad de testigo por la fuga de Joaquín Guzmán Loera, y la segunda por la probable responsabilidad del delito de falsificación de documentos oficiales. La PGR sostiene que la legisladora sinaloense mantiene intacto su fuero constitucional, mismo que no ha sido violentado. En el Congreso de Sinaloa, los diputados Francisco Solano (PAN) y Jesús Enrique Hernández Chávez (PRI), presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política respectivamente, afirman lo contrario. Dijeron que los derechos de la Diputada cosalteca fueron violentados, y que no existe hasta el día de hoy ninguna solicitud de desafuero en contra la legisladora. No es la primera vez que los legisladores locales dan respaldo a su compañera de recinto. Cuando el periodista Joaquín López-Dóriga destapó en su columna el tema de la visita de la Diputada a "El Chapo" en prisión, varios legisladores en un acto solidario se tomaron fotos con la Diputada. Algunos acusaron que se trataba de señalamientos falsos e injuriosos y la bancada de Acción Nacional respaldó a Lucero, quien casualmente una noche antes de su detención renunció a dicho grupo parlamentario. Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, confirmó que está en curso una investigación para saber quién o quienes la apoyaron al interior del partido para llegar al cargo que hoy ostenta y la inviste del fuero que le impide a la PGR seguir un procedimiento jurídico ordinario. Las dirigencias nacionales y estatales del blanquiazul parecen no caminar en el mismo sentido respecto al complicado asunto. Lo cierto es que hasta hoy Lucero Sánchez es inocente; el juicio, si es que esto llega hasta allá, debe seguir su curso en los tribunales. La figura del fuero constitucional aplica perfectamente al caso: la Diputada se ha expresado fuerte contra el Gobierno federal, ha denunciado abusos de las fuerzas castrenses en la sierra de Sinaloa y Durango, a quienes incluso calificó de realizar "actos cobardes e irreparables contra familias desprotegidas" en octubre de 2015. La culpabilidad de la acusada no la dictarán Loret de Mola o López-Dóriga, así como tampoco Francisco Solano y Jesús Enrique Hernández determinarán su inocencia. El debate no debe circunscribirse necesariamente a índoles morales; por la importancia y trascendencia del caso, la discusión debe centrarse escrupulosamente en valoraciones jurídicas e implicaciones políticas. ¿Quién la postuló?, ¿de dónde se financió?, ¿quiénes son sus aliados políticos? Son preguntas que serán importantes hasta que obre una sentencia en su contra, no antes. Luego le seguimos...