viernes, 16 de septiembre de 2016

¿La reelección del tribunal del escándalo?

O P I N I Ó N
                                                                                                    JESÚS ROJAS RIVERA
                                                                                     

Apenas comenzaba este año cuando los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo se dijeron de todo: al micrófono la Magistrada Lucila Ayala de Moreschi acusaba de diversas felonías a sus pares en un evento público, involucrándolos en asuntos de corrupción, complicidad en adquisiciones fraudulentas, uso indebido de recursos, actuación dolosa y actos inmorales en oficinas públicas, amén de poner en tela de juicio la independencia del órgano respecto al Poder Ejecutivo. Todo esto quedó, como lo publiqué entonces, escrito en letras de oro en la antología de lo absurdo.
 
Este tema que ha llevado a Sinaloa, de nuevo, a ser referente nacional debe entenderse en sus justas dimensiones. Creo pertinente señalar tres para el análisis, para poder partir de ahí y así emitir una opinión más o menos completa de lo que aquí sucede. La primera dimensión del tema tiene que ver con la facultad del Gobernador en lo que he mencionado como “veto de bolsillo”, la segunda tiene que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción y la tercera con la ética pública de los titulares del máximo órgano jurisdiccional en materia administrativa en nuestro estado. 
 
Respecto a la legalidad o ilegalidad de la publicación del decreto que posibilita a los actuales magistrados a buscar prolongar por seis años más su cargo, debo decir que no existe figura jurídica que se contraponga, que para efectos se ha mencionado como “veto de bolsillo”, es decir, la facultad meta-constitucional del titular del Ejecutivo para aplazar, por tiempo indefinido, la publicación de una Ley o decreto expedida por el Legislativo. El “veto de bolsillo” no lo inventó Mario López Valdez, existe en la mayoría de los países con regímenes presidenciales o semi-presidenciales. Si consideramos inconveniente la figura, deberá ser materia de análisis de la cámara local para su eliminación, tal como sucedió en tiempos de Felipe Calderón a mediados del año 2011.
 
 Sobra decir que la “fabulosa” iniciativa que hoy nos lleva a debate no fue presentada por Malova y  fue aprobada por unanimidad por todas las fuerzas políticas hace 3 años, buscando, a dicho del ex Diputado Luis Cárdenas Fonseca: “la profesionalización de los magistrados”.
 
La segunda parte del análisis tiene que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción y aquí debemos ser claros. Por supuesto que el decreto atenta contra los planteamientos de los legisladores al crear este nuevo sistema contra la corrupción, y atenta porque en el fondo lo que busca el SNA es recobrar la confianza de los ciudadanos en los procedimientos y las instituciones públicas para combatir la corrupción. Se busca que los tribunales tengan independencia plena y esa independencia no se gana, como ha quedado claro en la historia, cuando el titular de un poder jurisdiccional ha sido una propuesta del Ejecutivo, formal o informalmente, y todos sabemos de dónde vienen y cómo se integraron los actuales titulares del tribunal del escándalo.
 
Pero aquí debemos tener claro y despejar dudas: hace tres años, cuando se discutió en la cámara local la continuidad de los magistrados, no teníamos ni idea, ni luces del Sistema Nacional Anticorrupción. Como bien sabemos este sistema es la respuesta institucional a un mal que arrastramos por años, que nos coloca como uno de los países más corruptos de la OCDE y se motivó sin duda en el bochornoso caso de la “Casa Blanca”, tema por el cual nuestro Presidente salió a pedir perdón. Acusar a Malova de tenerlo todo “fríamente calculado” desde la mitad de su mandato, sería pecar ingenuos o confabuladores.
 
Por último quiero tocar un punto que no está en el plano llano de la norma jurídica, tiene que ver con la ética de los magistrados como servidores públicos, depositarios del poder soberano para garantizar la legalidad de los actos administrativos y/o de Gobierno. Aquellos que en medio de estas discusiones han hecho pública la sabida pretensión de buscar seis años más en el cargo al concluirlo. Yo les pregunto: dado el estado que guardan las cosas, ¿no les parece que sería más honroso y digno pensar como estadistas y no como burócratas? ¿No creen que pasarían a la historia como verdaderos hombres y mujeres de instituciones si dan paso a las reformas anticorrupción sin oponerse a ellas? ¿No creen que Sinaloa ganaría más con un órgano libre de escándalos y señalamientos como el que representan? ¿Vale la pena mantenerse por capricho? ¿No se les hace que seis años fue suficiente? Valga la fecha para gritarlo: ¡Viva México! Luego le seguimos...

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